El Presupuesto de California 2026–27 no deja espacio para distracciones ni interpretaciones engañosas. El Estado de California ha reconocido formalmente que la falla central del Fondo Fiduciario de Beneficios por Lesiones Subsecuentes (Subsequent Injuries Benefits Trust Fund, SIBTF) es el retraso: retrasos de años que niegan a trabajadores permanentemente discapacitados el acceso oportuno a los beneficios que la ley les garantiza.
El presupuesto del 9 de enero de 2026 aumenta el financiamiento administrativo del SIBTF de 12.7 millones de dólares a 36.5 millones para el periodo 2030–31, triplicando el personal con un propósito único y explícito: eliminar los rezagos y acelerar la entrega de beneficios. Esto no es una preferencia política abstracta. Es una admisión escrita por parte del Estado de que el colapso administrativo —y no un exceso de elegibilidad— es la verdadera crisis.
AB 1329: Reforma Reintroducida Pese a un Veto y a Hallazgos Claros del Presupuesto
A pesar de este hallazgo presupuestal tan claro, la asambleísta Liz Ortega reintrodujo en enero de 2026 la iniciativa AB 1329, supuestamente para “reformar” el SIBTF, enfocándose en modificar los criterios de elegibilidad y en la reducción de costos.
Esto no es terreno nuevo. Una medida sustancialmente similar fue vetada por el Gobernador en octubre de 2025, lo que señaló el reconocimiento del Poder Ejecutivo de que dichas reformas no abordaban las deficiencias reales del programa y representaban un riesgo para los trabajadores discapacitados.
El veto debió haber cerrado el tema. En cambio, la AB 1329 representa una decisión deliberada de revivir un marco ya rechazado, uno que se enfoca en quién califica para los beneficios en lugar de reparar el sistema que debe entregarlos.
Esa decisión ya no puede separarse de la propia admisión del Estado: la elegibilidad no era el problema.
Una Cronología de Advertencias Ignoradas
El registro es contundente:
- Antes de octubre de 2025: los trabajadores discapacitados enfrentan retrasos crecientes; defensores exigen más personal y reformas en el procesamiento.
- Octubre de 2025: el Gobernador veta legislación de reforma al SIBTF que modificaba la elegibilidad en lugar de corregir los retrasos.
- Enero de 2026: el Presupuesto de California confirma que los retrasos son la falla central y financia personal para atenderlos.
- Enero de 2026: Ortega reintroduce la AB 1329 de todos modos, redoblando una reforma centrada en la elegibilidad.
Esto no es un malentendido. Es una decisión política tomada con pleno conocimiento de los hechos.
Retórica Contra el Historial
La senadora Liz Ortega, demócrata que públicamente afirma defender a la clase trabajadora, ha construido su narrativa de reforma alrededor de la contención y la reestructuración, mientras que los propios documentos presupuestales del Estado señalan directamente el abandono administrativo como la causa del daño.
En el East Bay, donde los solicitantes del SIBTF son abrumadoramente de clase trabajadora, discapacitados y desproporcionadamente latinos, la reacción ha sido inmediata. Los defensores reconocen un patrón conocido: reformas presentadas como eficiencia que terminan en exclusión.
Las consecuencias políticas se han extendido rápidamente, enviando ondas de choque a través de organizaciones laborales, de derechos de las personas con discapacidad y comunitarias en todo California.
Impacto en una Clase Protegida
Las personas con discapacidad son una clase legalmente protegida. Cuando la legislación prioriza conscientemente el endurecimiento de la elegibilidad por encima de la entrega oportuna de beneficios —después de que el propio Estado ha admitido que el problema son los retrasos— el resultado es daño institucional.
Para los trabajadores permanentemente discapacitados, el retraso no es un trámite. Es privación económica, deterioro médico y pérdida de dignidad. Cuando los legisladores persisten en reformas que previsiblemente empeoran los retrasos, la negación deja de ser un accidente y se convierte en política pública.
La Pregunta de Rendición de Cuentas que la AB 1329 No Puede Responder
La AB 1329 plantea una pregunta que ni sus promotores ni su retórica han podido contestar:
¿Por qué reintroducir restricciones de elegibilidad después de que el Gobernador las vetó y el presupuesto estatal confirmó que la crisis es el retraso, no el acceso?
¿Por qué la reforma sigue apuntando a los solicitantes en lugar de a la capacidad administrativa?
El presupuesto de California ya habló con claridad. El problema es el retraso. La solución es personal suficiente, rendición de cuentas y urgencia.
Reintroducir reformas vetadas frente a esa realidad no es gobernar: es desafiar los hechos.
Para los trabajadores discapacitados que esperan años por sus beneficios, el retraso es negación.
Y la negación, cuando se repite después de advertencias claras, es una elección.
INFORME PRESUPUESTAL
Presupuesto del Estado de California 2026–27
Alerta para Clientes de Brownstein, 9 de enero de 2026
Fondo Fiduciario de Beneficios por Lesiones Subsecuentes (SIBTF)
El presupuesto incluye 12.7 millones de dólares del Fondo Revolvente de Administración de Compensación Laboral y 57 plazas en 2026–27 para que el Departamento de Relaciones Industriales (DIR) atienda un creciente rezago de casos dentro del SIBTF, aumentando a 36.5 millones de dólares y 177 plazas para 2030–31, de forma continua.
El programa SIBTF se ha expandido significativamente más allá de su propósito estatutario original, impulsado en parte por decisiones judiciales recientes que interpretan de manera amplia términos no definidos en un estatuto de más de 60 años. Como resultado, las reclamaciones y los costos de beneficios del SIBTF han aumentado de forma pronunciada, creando presiones financieras y operativas sustanciales.
En ausencia de cambios programáticos, se proyecta que los pagos anuales de reclamaciones crezcan de 87 millones de dólares en 2019–20 a 1.3 mil millones de dólares en 2029–30, mientras que la contribución patronal que financia el programa se espera que aumente de 112 millones a 1.5 mil millones de dólares en el mismo periodo. Desde 2015, las solicitudes anuales han aumentado de aproximadamente 1,000 a más de 5,400 casos. Sin reformas, el crecimiento continuo de reclamaciones agravará las limitaciones de personal y retrasará de manera significativa la determinación de beneficios para los trabajadores lesionados.